Es cuando menos curioso ver cómo desde diferentes opciones políticas todos se afanan en promover y fomentar especialmente en estas fechas la contratación de planes de pensiones con entidades financieras de marcado cariz privado, el argumento es sencillo, como el sistema público de pensiones que tenemos, va a ser cada vez más restrictivo, hemos de complementarlo con unos ingresos futuros que provendrán de nuestros ahorros actuales, y todo ello además con el aliciente de la importante desgravación fiscal que conlleva esta iniciativa.

Esta situación que es del todo aceptada y tiene un buen predicamento por parte de todos los integrantes de nuestra sociedad, sin embargo no encuentra el mismo rasero de medir para otros contextos como el de la educación o la sanidad privada, donde muchos se rasgan las vestiduras a la hora de hablar de incentivos fiscales a la contratación de seguros privados de salud y ni que decir tiene el caso de la elección de un colegio privado para sus hijos.

El sistema sanitario público debido a cuestiones de índole sanitario (envejecimiento de la población, cronificación de las enfermedades, la innovación tecnológica, etc), acuciadas por la grave crisis económica que estamos padeciendo, pasa por dificultades de solvencia y sostenibilidad financiera que inciden en carencias en cuanto a acceso, cohesión y equidad motivadas por la universalización asistencial, tecnológica y social. Dicho sistema debe proteger a la sociedad en su totalidad, proporcionando la mejor asistencia que le permitan sus recursos, fundamentalmente a aquellos que no cuentan con ingresos suficientes para disponer voluntariamente de un complemento sanitario a través del seguro privado de salud, a fin de evitar que existan diferencias en la accesibilidad a los servicios sanitarios por diferencias económicas.

Por su parte, el sector sanitario privado es un sector clave en la economía y la provisión de salud de nuestro país ya que representa un elevado peso en el sector productivo español (aporta el 2,51 por ciento del PIB español -27,5 por ciento del gasto sanitario total- y genera más de 253.000 empleos cualificados); es autosuficiente puesto que mayoritariamente se financia de las aportaciones voluntarias de los asegurados, libera recursos de la sanidad pública, mejora la accesibilidad de la población a la asistencia sanitaria a través de una amplia y variada red de centros, desarrolla actividad de alta complejidad a través de los más recientes avances tecnológicos, persigue la mejora continua de la calidad en la prestación asistencial, genera empleo en la sociedad española, contribuye a la formación de los profesionales sanitarios y es un motor de avances en la investigación.

Además los más de 7 millones de usuarios de la sanidad privada a través del doble aseguramiento no consumen recursos de la sanidad pública, o los consumen parcialmente, generando una importante disminución en la presión asistencial, en los tiempos de demora y en las listas de espera, lo que se traduce en una liberación de recursos sanitarios para el sistema y una ayuda financiera que puede llegar a ser hasta de 1.500 euros por persona y año.

La reimplantación de un incentivo como el de la desgravación fiscal que viene proponiendo el IDIS supondría un incremento del número de asegurados con doble cobertura, pública y privada, que los expertos estiman en un 15 por ciento aproximadamente lo que significaría que estás contribuyendo a descargar de forma relevante de recursos y de presión asistencial a un sistema público desbordado, con problemas de solvencia y sostenibilidad y necesitado de generar ahorros a través de una gestión eficiente. Con el citado crecimiento del 15 por ciento del número de asegurados en la población, supondría que mas de 1 millón de personas saldrían de manera voluntaria, parcial o totalmente, del sistema público lo que podría suponer un ahorro de hasta 1.500 millones de euros y una importante liberación de recursos sanitarios para el sector público que mejoraría sin duda la accesibilidad del resto de la población.

La puesta en marcha de dicha desgravación fiscal del 15 por ciento del coste de los seguros sanitarios de salud supondría un ahorro medio de entre los 107 euros y 365 euros anuales en las familias de 4 miembros que contrataran seguros sanitarios privados y, como consecuencia del incremento del número de asegurados, se crearían mas de 18.000 puestos de trabajo directo en dicho sector. Las familias serían las principales beneficiadas por la puesta en marcha de esta medida, ya que se contribuiría a la generación de ahorro y se facilitaría el acceso de éstas a los servicios sanitarios privados.

Bajo estas condiciones, el IDIS impulsa una nueva iniciativa encaminada a la puesta en marcha de una campaña de recogida de firmas que ayude a que se retome la deducción fiscal a los gastos derivados del aseguramiento privado, medida que por un lado reconocería el esfuerzo que realizan las personas que tienen un doble aseguramiento, público y privado y que serviría a su vez para reducir la presión asistencial y financiera al sistema público de salud, así como para dinamizar el empleo en el sector sanitario privado.

En general y dadas las características de nuestro Sistema Nacional de Salud, la integración y la complementariedad de los sistemas público y privado es fundamental para logar una mejor atención sanitaria a todos los españoles, a la vez que se promueve una sociedad más saludable. Esta integración y complementariedad se hace más necesaria si cabe en un entorno económico como el actual, donde la sostenibilidad del sistema está sufriendo constantes amenazas y por lo tanto el evitar duplicidades e ineficiencias en beneficio de todos los usuarios de la sanidad es prioritario.

Desde la Fundación IDIS apostamos por un sistema sanitario de calidad, eficiente y solidario, que posibilite la asistencia a todos los ciudadanos. Para ello es imprescindible estimular la importante labor que desempeña la sanidad privada dentro del sistema sanitario, ya que favorece el funcionamiento y la sostenibilidad de éste utilizando de forma eficiente todos los recursos disponibles e integrando en el desarrollo de las líneas estratégicas las expectativas, opiniones y sugerencias de los usuarios de sus servicios asistenciales.

En definitiva, si se incentiva el seguro y la actividad sanitaria privada con una desgravación fiscal, se abriría una vía muy importante para que una buena parte de la ciudadanía haga un esfuerzo solidario, que mejorase en todos los aspectos el sistema sanitario, y asegurase la cobertura al conjunto de la sociedad.